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Sureste Diario

Región de Murcia

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20 septiembre, 2017

“El Extraño Caso de la Balsa Jenny”


¿Está definitivamente ‘archivado’ este caso de presunta ‘contaminación’ política?(**)

18-10-2016 cartagena esteriles balsa yeni

“EL EXTRAÑO CASO DE LA BALSA JENNY”(*)

(Hemeroteca Regional)

“El caso de la Balsa Yenni, Una historia muy sucia, sigue”

Jesús A. Pons. Domingo, 6 de marzo de 2016,
Hace casi una década el letrado José Luis Mazón y nuestro compañero José Juan Cano Vera, coordinador de Información de VMPRESS, presentaron una bien documentada denuncia, primero y posteriormente una querella, contra la compra-venta de una Balsa propiedad de la Comunidad Autónoma, en la que se registraba la firma del entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel. La acusaciones establecían presuntos delitos contra el gran jefe y contra uno de sus subordinados, un ex consejero, posteriormente implicado en el otro gran escándalo de Novo Carthago, congelado hasta hoy.

Las iniciativas legales del letrado y del ex diputado regional y periodista chocó contra los criterios mantenidos posteriormente por el entonces presidente del TSJ, Martínez Moya, años más tarde elevado a la categoría de magistrado del Supremo, y el ponente magistrado Templado, que en unas declaraciones afirmó, que se sentía orgulloso de ser amigo de la familia Valcárcel. Bien dicho, claro.

El caso es que asunto de la Balsa YENNI, oscuro, opaco y nada claro quedó diluido ante el Poder Judicial, ante la sorpresa de los denunciantes y de algunos profesionales del Derecho.

Nuestro compañero Cano Vera se quedó en solitario con el problema, ya que el abogado Mazón, por razones profesionales y familiares tuvo que apartarse. Posteriormente se hizo cargo de defender el procedimiento el letrado Diego de Ramón formulando denuncia junto con el periodista de VMPRESS, porque se observó que ha habido delito ecológico por la existencia de un vertido o depósitos de sustancias potencialmente contaminantes que pueden afectar al sistema natural tanto en el suelo, subsuelo e incluso a la salud de las personas, como apuntaban los informes del Seprona y que la Fiscalía ha aceptado y ha solicitado al juzgado correspondiente una confirmación de las deducciones de la Guardia Civil.

El brillante escrito del fiscal Diaz Manzanera es contundente y va más lejos de una investigación rutinaria, por tratarse de una cuestión nada baladí. Por cierto que en la información facilitada por el diario La verdad, se obvia con profesionalidad contrastada la actuación de nuestro compañero Cano Vera, quien ha sido durante muchos años el que ha insistido que el caso de la Balsa Yenni, es todo un misterio sin despejar del todo por la magistratura murciana y de Madrid, contra el criterio honesto de la Fiscalía Superior de Murcia, que también denunció los hechos, pero que tumbo la Fiscalía de la capital del Reino. Algún día se sabrá que se hizo con el dinero de la limpieza de la Balsa que los compradores debieron pagar a la Comunidad Autónoma, unos seis millones.

Nadie sabe nada a pesar de los requerimientos de la parte de los denunciantes. Misterio. Mañana, quizás.

En definitiva la Fiscalia de URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE que lleva don José Luis Díaz Manzanera ha ampliado las investigaciones en torno a la ya conocida Balsa Yenny por un supuesto delito contra el medio ambiente, y que inicialmente empezó por una denuncia por prevaricación, y considera que no ha prescrito en ningún modo y los indicios son sólidos, al igual que las actuaciones.

En otras dos ocasiones ya lo habia advertido, por lo que como ya indicamos ha pedido a un juzgado de Cartagena ampliar la investigación sobre la gestión del depósito minero propiedad de la empresa Porman Golf, , y lo que es importante y clave , advierte el fiscal Manzanera sobre la posible concurrencia POR PARTE DE DISTINTAS ADMINISTRACIONES, entre ellas la Comunidad Autónoma, lo que en el criterio de José Juan Cano Vera, se volvería al principio de ” un embrollo jurídico de consecuencias imprevisibles. El fiscal podría intentarlo si observa otros indicios destacables. Pero el problema está en la Fiscalia General del Estado, en Madrid. Claro que el TSJ murciano no lo va a reabrir, ya lo cerró en su dia con la ponencia del magistrado Templado. No entiendo de justicia, pero evidentemente no lo tengo claro, como en otros casos que ocurren en Murcia, como el caso de la jueza de Lorca, que ha tenido que esperar cuatro meses a que el ayuntamiento de Puero Lumbreras le envie unos papales en torno al procedimiento de investigación que implica al presidente de la Comunidad Autónoma, más conocido por PAS. Parece que los mandamaases regionales son semidiocesis. Os recuerdo el caso del honrado juez Abadia con el pelotazo de Novo Carthago que terminó con una bronca del Ramón Luis a su señoria. Hasta hoy. Los de MURCIA TRANSPARENTE estamos meditando formular una investigación ante el Fiscal Superior por la lentitud en resolver, aunque tienen que tener mucho cuidado con las falsas denuncias que salpican a un personaje como el Fiscal Superior.! qué jodida Región !”

vegamediapress.com

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“Exigen un informe sobre la situación de la balsa Yenny tras las últimas lluvias”

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Murcia Transparente, 12 septiembre, 2015
La polémica sobre la gestión pública y privada de la balsa Yenny, el depósito de residuos mineros eliminado en 2003 ante la amenaza de sepultar el pueblo de El Llano del Beal, no parece acabar nunca. El letrado Diego de Ramón ya presentó una denuncia el pasado año en los juzgados de Cartagena tras un informe de mayo de 2013 realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que detectó el riesgo de filtración de metales pesados al subsuelo y al Mar Menor a causa de las lluvias.
Con motivo de las últimas precipitaciones, que sacudieron con especial fuerza a la comarca del Campo de Cartagena, el letrado dirigió un nuevo escrito al juzgado solicitando que se investiguen los posibles daños que la balsa, aún sin sellar, podría haber causado. De Ramón reclama, en este documento, que se pida un oficio al Seprona para que informe sobre las consecuencias existentes después de las últimas precipitaciones y sobre «qué medidas ha adoptado la Consejería de Medio Ambiente para evitar daños presentes y futuros sobre la población urbana y los terrenos colindantes agrícolas».
El letrado pide, además, al juzgado que se tome declaración de nuevo al exconsejero Antonio Cerdá y a los responsables de la mercantil Portmán Golf, que se encarga del vertedero Los Blancos, donde se almacenan los residuos mineros de la antigua balsa Yenny.

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“De Yenny a la Paramount”

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Raúl Travé Molero – Rebelión – 17-11-2010

El control, casi absoluto, de los resortes políticos, mediáticos y judiciales que el gobierno de Ramón Luís Valcárcel ha conseguido en la Región de Murcia debe hacerles sentir a él y los suyos algo muy parecido a la total impunidad, pues a pesar de los numerosos escándalos, entradas y salidas de la cárcel incluidas, ni la opinión pública ni la justicia les hacen, de momento, pagar unos excesos que probablemente nunca sean declarados delictivos por la justicia, pero que el más elemental sentido común calificaría como inmorales.
Son incontables los ejemplos de comportamiento inmoral por parte del gobierno regional murciano que desde 1995 viene favoreciendo descaradamente a sus amigos, pero dos ejemplifican el alcance político, económico y moral de esta forma de hacer.

La balsa Yenny
En el año 2001 la empresa Portmán Golf, propietaria de buena parte de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión desde que en 1988 comprase activos y pasivos a la multinacional francesa Peñarroya por 100 millones de pesetas, donaba a la Región de Murcia una balsa de acumulación de estériles mineros muy próxima a la población de El Llano del Beal, la conocida como balsa Yenny. Portmán Golf, la misma empresa que despidió a todos sus trabajadores en 1991 incumpliendo sus propios compromisos, la misma que durante más de veinte años ha puesto piedras en el tortuoso camino de la regeneración de la bahía de Portmán al no sentir asegurado su negocio con una recalificación urbanística a la medida de sus megalómanas ambiciones, la misma que pidió al gobierno regional permutar 180 hectáreas del parque natural de Calblanque a cambio de una superficie parecida de terrenos contaminados por la minería en El Llano del Beal y Portmán; operación paralizada sólo por la intervención de la Comisión Europea, a finales del año 2004, y que atrincheró a Portmán Golf en su actitud de no invertir en la regeneración de la Sierra Minera (de su propiedad y responsabilidad) hasta que se regenerase la bahía de Portmán. Casualmente fue después de este varapalo de la Comisión Europea que dejó a Portmán Golf sin los réditos de un gran pelotazo urbanístico bendecido por la administración regional que Valcárcel y los suyos decidieron regenerar la balsa Yenni (donada, recordemos cuando nos hablen de urgencia y peligro, en 2001).

Al acceder a la donación el gobierno regional recogía el guante de la responsabilidad de regenerar la balsa en cumplimiento de la ley de minas de 1973 (BOE núm. 189, de 24/07/1973) que igualmente obliga a Portmán Golf a responsabilizarse de la regeneración no sólo de la Sierra Minera, sino también de la bahía de Portmán, al haber adquirido en 1988 activos y pasivos de Peñarroya, pero también sus responsabilidades sociales. Por si hubiese sido poco liberar a Portmán Golf de la responsabilidad de regenerar una balsa minera que realmente resultaba molesta y peligrosa para los vecinos de El Llano del Beal, esta empresa acabó embolsándose dos millones setecientos mil euros , por ceder una cantera abandonada para depositar los desechos mineros de la balsa, de un presupuesto total de cinco millones cuatrocientos mil euros, es decir el 50% de la factura por no hacer absolutamente nada.

De Polaris a la Paramount
Para nadie es un secreto que el gobierno regional así como la inmensa mayoría de ayuntamientos de la Región de Murcia acogieron con alborozo el boom inmobiliario. El turismo residencial de sol, playa y golf debía ser el futuro de la Región, casi cuarenta campos de golf y cerca de un millón de nuevas viviendas se iban a construir a lo largo y ancho de la provincia, sin planificar la gestión de recursos (ambientales y sociales) y sin reparar en valores ambientales (La Zerrichera, Cabo Cope, Calblanque…).

El icono de este floreciente negocio consistente en plantar césped y casas en mitad de los más inhóspitos secarrales fue Polaris World, experto por otra parte en hacerse con terrenos baratos y urbanizarlos una vez recalificados. Lo que durante casi una década pareció un negocio redondo sólo pudo crecer gracias a la financiación de bancos y cajas de ahorros que parecían confiar tanto como la mayoría de los murcianos de a píe en que el precio de la vivienda subiría y subiría hasta el infinito y en que los jubilados europeos no encontrarían nada mejor que hacer con su dinero que comprar chalets de ínfima calidad pero con un campo de golf por jardín.

Cuando entre finales de 2009 y principios de 2010 Polaris World entró en la fase previa al concurso de acreedores planteó un grave problema a la CAM, Caja Murcia, Bancaja y en menor medida al Banco Popular, aceptar como pago unos terrenos y viviendas cuyo precio de “mercado” excedía con mucho su valor real por la sencilla razón de que no se podrían vender en el mercado a menos que su precio bajase hasta límites que no cubrirían ni lejanamente la deuda; o aceptar que su cuenta de resultados los empujase casi irremediablemente a la intervención del Banco de España, intervención que en última instancia sólo han podido evitar negociando su fusión con otras entidades.

Aceptado el pago de su deuda con terrenos y viviendas Polaris World ha finalizado un buen negocio terrenos de escaso valor han financiado sus proyectos inmobiliarios y generado enormes beneficios para sus promotores. La peor parte se la quedaban a priori las cajas de ahorros que tarde o temprano tendrían que ajustar el valor de sus pasivos reconociendo el mal negocio de haber financiado a Polaris y haber aceptado el pago de su deuda en este formato, en este momento entra en juego el gobierno regional que se saca de la manga otro proyecto megalómano, en este caso la construcción de un gran parque temático bajo la marca de Paramount Pictures, que se construiría en Alhama de Murcia donde casualmente Caja Murcia, la CAM, Bancaja y el Banco Popular tienen más de cuatro millones de metros cuadrados de terreno aceptados como pago de la deuda de Polaris World. Lo curioso es que ni la empresa que daría nombre al parque, la Paramount (que cobraría por ceder su imagen de marca), ni el principal gestor de las futuras inversiones, Jesús Samper (imputado por delitos urbanísticos en la “operación Umbra”) están dispuestos a aportar capital al proyecto.

El gobierno regional ya ha gastado casi dos millones de euros en la intermediación necesaria para montar el espectáculo que podríamos llamar “Bienvenido Mr. Paramount”, ¿pagaremos entre todos el precio del suelo dónde se levantará, o no, el parque temático?

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116840 

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“PRESENTAN QUERELLA EN EL TSJ CONTRA EL PRESIDENTE VALCÁRCEL POR EL CASO DE LA BALSA JENNY”

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2010
El abogado José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera han presentado querella en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel Siso, como presidente del Consejo de Gobierno, que aceptó la donación de los terrenos de la balsa Jenny y por su posición jerárquica en la estructura administrativo-política de la institución donde se gestaron los hechos, de la cual se infiere jurídicamente que, salvo prueba en contrario, es principal autor, según la querella.

Se trata de una ampliación de la querella presentada hace cinco meses por la misma causa contra el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, y el ex consejero de Economía, Juan Bernal, y que se encuentra en una situación extraña en la actualidad, dada algunas contradicciones de la Fiscalía Anticorrupción.

En el texto de la querella, los denunciantes argumentan que el querellado era el Presidente del Consejo de Gobierno que el 23 de noviembre de 2001 aprobó la aceptación de la donación de los terrenos donde se ubicaban los residuos tóxicos de la balsa Jenny a sabiendas de dicha condición o carga a cargo de los fondos públicos que iban a ser malversados.Por tanto el querellado era, a título indiciario, presunto autor y no debe ir la querella solo contra los que van a la zaga, dejándonos fuera del proceso de responsabilidad, al máximo responsable”.

Advierten en el texto jurídico, al que ha tenido acceso VMPress, que “el ahora nuevo querellado o tal vez personas de su grupo político ubicadas en altos niveles, están desplegando las máximas cautelas para que no se reconozca la realidad y se decidan las actuaciones en forma contraria al principio de legalidad aunque sea causando un escándalo. Indicio de ello es la incomprensible postura de la Fiscalía Anticorrupción emitiendo un informe donde se desfiguraba y tergiversaba tanto la realidad como el marco jurídico para hacer exentos los hechos de la debida responsabilidad jurídico penal, por lo que nos vemos obligados reservarnos, llegado el caso, las acciones contra tan arbitraria posición de la citada Fiscalía.

Si los Fiscales del caso Gürtel han sido imputados por la Sala II del TS, por no oponerse a la decisión del juez Garzón de espiar los locutorios de los abogados, los intervinientes en este proceso pueden llegar a contraer gravosas responsabilidades.

Según fuentes periodísticas de toda solvencia, la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales entonces al cargo, vieron materia para ir contra Valcárcel y otros Consejeros pero “la superioridad” decidió dar el carpetazo por criterios políticos que a posteriori ha intentado justificar jurídicamente de forma injustificable”.

Además, añaden, “en las actuaciones del Tribunal de Cuentas podemos decir tres cuarto de lo mismo, que el querellado o sus protectores de partido han logrado que el TCU haga lo insignificante importante y lo importante insignificante, con pérdida de credibilidad para el citado órgano institucional, controlado en sus nombramientos, no lo olvidemos, por los partidos políticos PP y PSOE ya que se trata de nombramientos políticos temporales para habituales simpatizantes y servidores de sus respectivas filas”.

Según el documento presentado en el TSJ, a última hora del pasado viernes, “ los Consejeros querellados no podían tomar ellos solos la decisión de implicarse en tan burda e irracional operación “Jenny”. Parece que, según nuestras informaciones, los dos máximos ejecutores de la presunta malversación y prevaricación, fueron el jefe, Valcárcel, y su hombre de confianza, Cerdá, y que el Consejero Economía fue empujado por su superior. La investigación que se abra debe de aclarar este punto”.

La denuncia de Mazón y Cano Vera se presentó hace cinco meses en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y la autoridad judicial todavía no había tomado una decisión al respecto.

Desde el despacho del letrado mantienen serias dudas acerca de la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y se preguntan por el auto de archivo que debiera estar en alguna parte desde hace tres años.
Asimismo, fuentes del bufete afirman que llevarán las actuaciones del caso Jenny a todos los niveles que sean necesarios para que se depuren responsabilidades.

(www.vegamediapress.com, 21/06/10)

TSJ PIDE AL GOBIERNO QUE CERTIFIQUE QUE ANTONIO CERDÁ ES CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
En una providencia dictada ayer por el Tribunal Superior de Justicia, firmada por el presidente Juan Martínez Moya, y por los magistrados Julián Pérez Templado y Enrique Quiñonero, la sala de lo Civil y lo Penal ha remitido comunicación a la Fiscalía contra la corrupción y la Criminalidad organizada para que remita la resolución que tomó en las diligencias 2/2007.

Igualmente, el TSJ requiere al Secretario del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma para que certifique si Antonio Cerdá es en la actualidad consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Esta actuación de los magistrados de la Sala del TSJ se produce tras la demanda y querella presentada por el abogado murciano José Luis Mazón y el periodista José Juan Cano Vera, en la que acusan al consejero de presuntos delitos de prevaricación, estafa, tráfico de influencias y asociación ilícita, en la marco del caso conocido como Balsa Jenny, en donde se habría beneficiado desde el gobierno regional de forma irregular a una empresa con más de 8 millones de euros.
(www.vegamediapress.com, 04/02/10)

PRESENTAN UNA DENUNCIA CONTRA EL CONSEJERO DE AGRICULTURA
El abogado murciano José Luis Mazón, y el periodista José Juan Cano Vera, han presentado una denuncia en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, el ex consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal Roldán, y otros altos cargos del gobierno regional, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa y asociación ilícita, en el marco del caso conocido como “Balsa Jenny”.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso VMPress, los denunciados se confabularon desde sus altos cargos para costear la limpieza de desechos mineros de una empresa particular que competía solo a ella, con fondos públicos, 5,4 millones de euros. Y luego, siempre según el documento, enriquecieron aún más a la entidad particular, pagándole 2,7 millones a la antigua propietaria de la balsa por recibir esos mismos residuos en terreno próximo.

La balsa Jenny, un depósito de contaminantes mineros de 1.089.925 metros cúbicos, era una propiedad de Portman Golf S.A, que fue “cedida gratuitamente” por sus propietarios a la Comunidad Autónoma el 3 de octubre de 2001 para que con cargo al erario público se descontaminase con unos costos de limpieza que han resultado ser de 5.452.121, euros, unos 800 millones de pesetas aproximadamente. Costos que por ley debía soportar la entidad propietaria y no el erario público. Según la denuncia de Mazón y Cano, “no pareciéndoles suficiente el regalo de los 5,4 millones de euros a Portman Golf, se le adjudicó a los denunciados la subcontrata de la limpieza y además se le pagaron unas sumas importantes, 2,7 millones de euros, por permitir que los desechos mineros se alojasen en parcelas suyas”.

Por Decreto del Consejo de Gobierno 84/2001, de 23 de noviembre, se aceptó la cesión gratuita “con destino a realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestal y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona”. El propio Decreto reconoce que la propiedad cedida contiene un pantano de residuos minerales. El expediente de la cesión fue gestionado y decidido en la Consejería de Economía y Hacienda que entonces dirigía el denunciado Juan Bernal Roldán.

La Consejería dirigida por el denunciado Antonio Cerdá, con fondos propios y de la UE, costeó las labores de limpieza de la parcela (ya en 2005) que correspondían a la entidad propietaria Portman Golf, desembolsando de las arcas públicas la suma de 5.452.121 de euros. No quedó la cosa en el regalo del levantamiento de la carga de limpieza sino que además y como se ha dicho antes, posteriormente se le pagó por la Comunidad a Portman Golf 2.4 millones de euros por permitir el depósito de los desechos mineros en una parcela de su propiedad, próxima a la balsa, propósito de beneficiar a particulares que “es puro acto de locura o temerario desprecio de la legalidad”

El Ministerio de Medio Ambiente requirió en 10 de marzo de 2005 a la Comunidad Autónoma para que se exigiese a Portman Golf el pago de la limpieza, requerimiento que fue desatendido (presunta prevaricación).

Según la denuncia, los hechos no han prescrito porque para las penas que corresponderían a la malversación y prevaricación, el plazo sería de diez años desde que el dinero se malversó (2005) y se consumó la ostensible arbitrariedad. Los hechos relativos a la asociación ilícita tampoco han prescrito.

Además, ningún juzgado o tribunal ha conocido hasta la fecha de los presentes hechos. El Fiscal Jefe del TSJ de Murcia, López Bernal, ordenó en su tiempo una investigación sobre el “affaire Jenny” que remitió a la Fiscalía Anticorrupción; allí los fiscales apreciaron indicios de delito de malversación de fondos públicos y de prevaricación, se tomaron declaraciones a los Consejeros de Agricultura, Agua y Medio Ambiente y al de Economía y Hacienda y se archivó el caso porque “de instancias políticas se rechazó presentar querella contra miembros del Gobierno Regional para evitar un conflicto con el PP”.

La balsa Jenny, depósito de escorias mineras
La historia “de Jenny de los bajos fondos del mundo oficial murciano, es famosa”, aseguran los denunciantes. Afirman en su texto que “allá por el 2001, gobernando España el PP, altos directivos de la Comunidad Autónoma decidieron, con desprecio temerario de la legalidad (art. 27 de la Ley de Residuos “quien contamina paga”), cargar a los fondos públicos, los gastos de limpieza de unos residuos contaminantes, balsa Jenny, propiedad de una entidad particular, Portman Golf s.a. (1), relevando a la entidad propietaria de la finca, de sus obligaciones legales de pago de la descontaminación del sitio, ideándose (2)un subterfugio nunca antes ensayado, como era que primero los propietarios de Jenny cedieran la parcela de la balsa “gratuitamente” a la Comunidad Autónoma, y que esta, tragándose el anzuelo, la aceptaría y así se pagarían con los dineros públicos lo gastos de limpieza que debía de afrontar en exclusiva el propietario.

Lógicamente se preguntan muchos: “¿Y qué hay detrás de esta argucia? ¿Un acto de reparto secreto de beneficios entre los agentes intervinientes, públicos y privados? ¿Un mecanismo de ingeniería financiera clandestina del PP murciano a costa del erario público regional?. ¿Un pago de favores a Roca y Meroño?. Sea lo que sea es evidente que es un acto ilegítimo, profundamente arbitrario y desleal, además de infame”.

Las declaraciones del Portavoz del Gobierno Regional en su descargo aludían a que la balsa era un problema grave por las escorrentías sobre el vecino pueblo del Llano del Beal, lo que luego no se acompasa con los plazos de ejecución de las obras (2005). Además, señalan, “¿Qué tiene que ver la urgencia del problema con que no se le imponga el pago al dueño del terreno si la Administración puede por urgencia ejecutar una obra necesaria y luego repercutir sobre el obligado? ¿Qué hizo el Gobierno Regional cuando Medio Ambiente le exigió en marzo de 2005 que la obra la pagara Portman Golf? No hacerle caso, demostrando así su contumacia en gravar las arcas regionales con un desmán que esperamos no quede sin consecuencias”.

La sospechosa cesión gratuita
La cesión de la parcela, contaminada por los deshechos, al patrimonio regional para su lavado y descargo de sus cedentes del peso económico de su obligada por ley limpieza, “recuerda al cuento famoso de Blancanieves y los siete enanitos, en donde la manzana envenenada es la parcela Jenny con sus desechos tóxicos, la Blancanieves envenenada el dinero público, y la madrastra malvada los denunciados y los que falta por llamar”.

El 3 de octubre de 2001 se hizo por Portman Golf S.A. el ofrecimiento de cesión gratuita de la parcela-balsa Jenny (de unas 8 hectáreas como ya se ha dicho), “que es un mero trozo o despiece de la finca matriz”.

En el B.O.R.M. del 30 de noviembre de 2001 se publicó el Decreto 84/2001, de 23 de noviembre, aprobado en Consejo de Gobierno por el que se aceptó la cesión gratuita de la expresada parcela o recorte de parcela “con destino a realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona”.

El propio decreto reconocía la existencia de un pantano de estériles mineros, “por lo que no pueden alegar que no sabían de su existencia los denunciado”.

Según el Decreto el valor de la finca “cedida” era de 4.350.000 pesetas (cuatro millones trescientas cincuenta mil pesetas) y “¡¡aceptaron los denunciados una carga de más de 800 millones de pesetas!!, es decir un desvalor 200 veces superior al recibido, lo que constituye un verdadero acto de irracionalidad y abordaje institucional, así como consumada deslealtad hacia la legalidad, el interés general y el sentido de la decencia, nunca antes superado, que se sepa, en la corta historia autonómica de Murcia”.

Planes anteriores de limpieza
Muy curioso, según el abogado y el periodista en su denuncia, “y denotativo de que el regalo hacia los propietarios de Portman Golf estaba amañado desde muy al principio, es el anuncio que se publica en el BORM de 28 de mayo de 2001 (meses antes de la propuesta de cesión) de apertura de información pública relativo a Estudio de Impacto ambiental del proyecto de eliminación de vertidos de la balsa Yenny “a solicitud de la Consejería de Agricultura Agua y Medio Ambiente” ( y no de Portman Golf, entonces su propietario y obligado a instar el Estudio) lo que pone de relieve que mucho antes de la oferta de cesión (octubre de 2001) ya actuaba la Consejería como si el terreno de los vertidos tóxicos fuese suyo”.

Y en la declaración de Impacto Ambiental (BORM 19 de abril de 2002) se hace referencia a un “escrito de fecha de 25 de abril de 2001” donde el “promotor” (la propia Consejería y no Portman Golf) presentó la documentación descriptiva del objeto de la Declaración.

Se preguntan los denunciantes, “¿Qué pueden significar estos extrañas maniobras “anticipatorias”? “Pues en nuestra opinión significan que el primer proyecto de los asociados fue ir por lo derecho y sin tapujos, a limpiarle directamente a los señoritos de Portman Golf los desechos tóxicos con cargo al erario público regional y punto. Pero, muy probablemente, más tarde, algo o alguien les debió de advertir de lo extremadamente escandaloso y peligroso que era ese procedimiento sin base legal y sin precedentes y esto debió de generar la “más elaborada” idea de la “cesión gratuita”. La investigación permitirá aclarar este misterioso anuncio preludio”.

Tras este decreto de aceptación, la cesión se formalizó por escritura pública de 27 de diciembre de 2001, ante el notario Don Francisco José Higuera Garcia, inscribiéndose en el Registro de la Propiedad de la Unión el 21 de marzo de 2002, como nueva finca registral 40.584.

El denunciado Antonio Cerdá, Consejero encargado de medio ambiente, dejó de cumplir en el caso de la parcela Jenny el deber de incluirla en el inventario de suelos contaminados (condición de contaminada que era pública y notoria máxime cuando más tarde se recibe en cesión gratuita), que le imponía el artículo 27.1 de la Ley 10/1998, de Residuos. Esto constituye una presunta prevaricación añadida.

Por tanto, con anterioridad a la cesión gratuita y estando la parcela Jenny en propiedad y posesión de Portman Golf, la propia Consejería del denunciado gestionó un expediente de evaluación de impacto ambiental como si ya fuera suya la parcela contaminada, lo que denota que el concierto de voluntades.

El País sobre la pista
El periodista de El País Tono Calleja, siguió muy de cerca la investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la Jenny. Calleja cuenta que no solo se le exoneró a Portman Golf del pago de los 5.4 millones de coste de la limpieza sino que también cobró la cedente la suma de 2.72 millones de euros por permitir ubicar los estériles mineros en zona aledaña de su propiedad.

Lo que puede pasar
Hasta ahora el caso de la balsa Jenny en la modalidad de los dineros publicos empleados para su limpieza nunca ha sido objeto de examen por la Justicia, recuerda José Luis Mazón. La Fiscalía Anticorrupcion en el 2007 estuvo examinando el caso y no se presentó acción de la Fiscalía, según los denunciantes, por puros motivos políticos del Ejecutivo del PSOE, que decidió no meterse en una querella contra altos cargos murcianos del PP. “Esta increible e inaceptable omisión y dejadez de la Fiscalía Anticorrupción es subsanada ahora por la denuncia de dos particulares que hacen trabajo que le corresponde hacer al Ministerio Fiscal”.

¿Qué puede hacer la Sala Civil y Penal competente para instruir el caso, tras la llegada de la denuncia?
A.- Abrir diligencias penales y comenzar a investigar
B.-Archivar argumentando que no es delito a primera vista (“complicado es decir cosa tan fuera de realidad”, asegura Mazón)
C.-Decir que hay indicios de delito pero que se comience a investigar en el Juzgado de Instrucción y cuando aprecie indicios contra algún aforado que eleve la causa a la Sala.

LOS FUNDAMENTOS LEGALES

INDICIOS DE MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y AUN DE POSIBLE ESTAFA COMETIDA POR FUNCIONARIO PUBICO
La conducta de los denunciados aforados constituye un supuesto prototipo de malversación de caudales públicos tal y como lo define el artículo 434 del CP:

Artículo 434. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier Administración o Entidad estatal, autonómica o local u Organismos dependientes de alguna de ellas, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Los fondos de la limpieza fueron desembolsados en marzo de 2005 según nuestras noticias, y los de los pagos a Portman Golf para la ubicación de los desechos mineros, posteriormente.

El Código Penal castiga el delito de estafa cometido por funcionario público y el ardid usado en este caso mediante simulación de cesión gratuita de finca, empuja al tipo al terreno de la estafa del 438 del CP:

Artículo 438. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

PREVARICACION DEL ARTICULO 404 CP.- APRECIAMOS UN POSIBLE DELITO CONTINUADO DE PREVARICACION.
Artículo 404.
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

La resolución de aceptar la cesión de la finca conteniendo la balsa Jenny, adoptada por los denunciados como Consejeros de ramo responsables, constituye “prima facie” un delito de prevaricación o dictado de resolución arbitraria e injusta en asunto administrativo. La operación del fraude a los intereses públicos no pudo pasar por alto a ninguno de los denunciados; la condición de balsa contaminada aparecía en el propio decreto de aceptación.

Item, las resoluciones de limpiar la balsa con cargo a los fondos públicos, constituyen sendos supuestos de prevaricación.

La no inclusión de la finca en el censo de suelos contaminados, pese a saberlo, constituye otra modalidad de prevaricación administrativa.

La negativa a pedir a Portman Golf que pagase la limpieza, tras el requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente de 10 de marzo de 2005, encajaría en el tipo penal citado.

Estaríamos en suma, ante una prevariación continuada, al modo de la apreciada por reciente sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo en un caso de esta Region, tramitado ante esta misma Sala.

INDICIOS DE ASOCIACION ILICITA PARA COMETER DELITO
El Código Penal contiene dos tipos aplicables al caso:

Artículo 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.

Artículo 521. En el delito de asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas, la de inhabilitación absoluta de diez a quince años.

El Tribunal Supremo consideró en el caso “Filesa” (STS 28-12-1997) la existencia de un delito de asociación ilícita.

La donación o cesión gratuita de una finca externa al patrimonio de la Comunidad Autónoma presupone una organización siquiera informal, pero efectiva, orientada a sacar de los fondos de la autonomía regional partidas a las que por ley no se tiene derecho, y ello exige un concurso de voluntades entre representantes de la empresa beneficiada y gestores públicos implicados, tan claro como el que se apreció en la trama Filesa, existiendo en este caso indicios de otra trama, la trama “Jenny” compuesta por coordinados de la firma Portman Golf y del Consejo de Gobierno regional.
(www.vegamediapress.com, 27/01/10)

MEDIO AMBIENTE ADVIRTIÓ AL GOBIERNO MURCIANO QUE NO PAGASE LA LIMPIEZA DE LA BALSA JENNY

El Ministerio de Medio Ambiente ya avisó el 10 de marzo de 2005 al Gobierno de Murcia (PP) que la empresa propietaria de una balsa contaminada en El Llano del Beal (Cartagena) debería ser la que pagara los 5,4 millones de euros que costaba limpiar los estériles procedentes de las antiguas minas, y no las administraciones regional, nacional y europea, tal y como se produjo finalmente. Con esta decisión, el Gobierno de Murcia hizo caso omiso a la Ley de Residuos. El portavoz de la Comunidad de Murcia, Fernando de la Cierva, defendió ayer la legalidad de la operación.

Tras aceptar la cesión de una balsa contaminada de una empresa, Portman Golf, el Ejecutivo que preside el popular de Ramón Luis Valcárcel pagó a la sociedad estatal Tragsa 5,4 millones por limpiarla. Tragsa posteriormente adjudicó a dedo a la misma Portman Golf el depósito de los estériles, que al final fueron trasladados a un terreno cercano al anterior después de cobrar 2,72 millones de euros. Esta actuación, iniciada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, obra en poder de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga al Gobierno de Murcia por al menos dos presuntos delitos, de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El 10 de marzo de 2005 el director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Alejandre, envió una carta a su homólogo en la comunidad murciana, Antonio Alvarado, en la que le recordaba que en el caso de la balsa Jenny también rige el precepto de quien contamina paga, por lo que tenía que ser Portman Golf quien sufragara los 5,4 millones de euros que costaba la limpieza.Alvarado, según consta en la documentación del ministerio, contestó que la balsa ya no era privada, por lo que las administraciones públicas eran las que deberían pagar todo.

Comisión de seguimiento
Alejandre, tras conocer la investigación de la fiscalía, convocó para el 19 de diciembre pasado la comisión de seguimiento de las obras de limpieza de la balsa, en la que anunció a Alvarado que la fiscalía de Murcia le había pedido todos los datos del expediente. Según Alejandre, Alvarado dijo que no sabía nada de la investigación de la fiscalía, y rechazó que el Gobierno de Murcia hubiera hecho cualquier actividad irregular. Alvarado está imputado por dos jueces en los presuntos casos de corrupción de La Zerrichera y Puerto Mayor.

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, afirmó ayer que el Gobierno murciano “ni ha sido requerido, ni notificado” sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción está realizando por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, por parte del Ejecutivo regional, en relación con la balsa Jenny. De la Cierva aseguró que “la actuación que se hizo en su día sobre la balsa Jenny es correcta desde el punto de vista legal”.
www.elpais.es 01.05.05

ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA AL GOBIERNO DE MURCIA POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.

El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.

Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: “La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación”. Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.

El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.

Obligación eximida
Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.

El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.

La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó “el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona”. Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.

La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación “para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona”.

La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.

Subvención retirada
El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.

Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.

La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.

Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
www.elpais.es 30.04.07

https://www.losgenoveses.net/Los%20Asuntillos/casomurcia/casobalsayenny.htm

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“VALCÁRCEL SE AHOGA EN UNA BALSA DE CORRUPCIÓN”

valcarcel

1 DE MAYO DE 2007
El Gobierno murciano, investigado por la Fiscalía Anticorrupción

PSOE: “Valcárcel se ahoga en una balsa de corrupción”

FRANCISCO M. MARTÍNEZ / VEGAMEDIAPRESS
No hay ningún precedente anterior en España a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que afecte directamente a todo un Gobierno autonómico como es el caso del que preside Ramón Luis Valcárcel (PP) en la región de Murcia. La reacción de los socialistas no se ha hecho esperar y ha pedido la comparecencia urgente de Valcárcel en la Comisión Permanente de la Asamblea Regional.

El Gobierno autonómico murciano se gastó 5,4 millones de euros en descontaminar una balsa de minerales estériles propiedad de la empresa Portmán Golf S.A., cuando esta acción le corresponde por ley a esta empresa y no a ningún Gobierno. Posteriormente el Ejecutivo murciano pagó a la misma empresa otros 2,72 millones de euros por depositar los mismos estériles en otra balsa a escasos metros de la anterior y también propiedad de la misma empresa. Tales decisiones fueron adoptadas por el Gobierno en pleno de Valcárcel, que se presenta a su cuarto mandato en las elecciones del 27-M, después de doce años de mayorías absolutas.

Empresarios ligados al urbanismo
Las instalaciones mineras de la Unión fueron adquiridas a principios de 1990 por los empresarios cartageneros ligados al urbanismo Mariano Roca Meroño y Alfonso García Sánchez, que constituyeron la empresa Portmán Golf, cuando desapareció totalmente esta actividad en la zona después de veinte siglos de existencia.

5,4 millones de euros
La minería en La Unión había originado en sus últimos treinta años la mayor contaminación y el mayor desastre ecológico conocido en el Mediterráneo, al verter unos 60 millones de toneladas de estériles de metales pesados que colmataron por completo la bahía de Portmán. La misma actividad minera asimismo había colmado la conocida balsa Jenny, una especie de pantano convertido en una montaña de estériles contaminantes. Y el Gobierno autonómico de Valcárcel lo que hizo fue aprobar que Portmán Golf S.A. le cediera esa balsa para, a través de la empresa estatal Tragsa, proceder a su descontaminación, por cuya operación pagó 5,4 millones de euros, cuando era la propia Portmán Golf, propietaria de los estériles contaminantes, la obligada por ley a hacerlo y correr ella con los gastos de descontaminación.

Más gastos
Pero ahí no quedó la cosa, sino que en otro pleno del Gobierno de Valcárcel se tomó la decisión de pagar con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, otros 2,72 millones de euros a Portmán Golf, al ser depositados los estériles mineros de la balsa Jenny en una zona colindante y también propiedad de la misma empresa.

“Deja pequeña a Marbella”
La portavoz socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, ha calificado este escándalo de “muy grave”, tras saber que la Fiscalía Anticorrupción investiga por los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de fondos públicos “a todo el Gobierno regional”. Para Rosique, “esta es una situación sin precedentes en todo el país”. Al escándalo de tener ya catorce altos cargos imputados por los jueces se suma ahora la actuación de todo un Gobierno investigado por la Justicia. Rosique ha sentenciado que el Gobierno de Valcárcel “se ahoga en una balsa de corrupción” y añadido que si faltara más tiempo para las elecciones, “no llegaba entero a las mismas por motivos penales. A este paso la actuación de Valcárcel y su gobierno deja pequeña a Marbella”.

Viejos conocidos
La relación de Valcárcel con los propietarios de Portmán Golf tiene antecedentes. En 2004, el Gobierno regional decidió solicitar a la Comisión Europea la desprotección de una parte del parque natural de Calblanque, considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y cercano a los terrenos propiedad de los empresarios Mariano Roca y Alfonso García, para que Portmán Golf pudiera llevar a cabo la construcción de un macrocomplejo urbanístico.

Vínculos con Zaplana y Roca
Los constructores inmobiliarios Mariano Roca Meroño –conocido en la comarca como Pan de Higo- y Alfonso García Sánchez tienen estrechas relaciones desde hace dos décadas con el también cartagenero Tomás Olivo, encartado por la operación Malaya, al igual que su “cerebro”, el también cartagenero José Antonio Roca, así como con el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, natural de la comarca cartagenera, y del empresario murciano Luis de Rivero (Sacyr). También con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, también del PP, en cuyo municipio como en la zona del Mar Menor llevan a cabo numerosas operaciones urbanísticas. Mariano Roca, como propietario de la empresa agrícola Frocap, también está vinculado a la trama del “robo del agua” en la cuenca del Segura, investigada por la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, y estuvo implicado también, entre otros asuntos, como propietario de tres pozos ilegales, en una investigación por presunto fraude fiscal y en la sustracción de joyas y documentos de una caja de seguridad bancaria…

http://lasombradeaznar.blogspot.com.es/2007/05/valcrcel-se-ahoga-en-una-balsa-de.html?m=0

(*)Primera recopilación hemeroteca prensa regional “Balsa Yenny” (13/12/2016)

(**) 100730 sala civil y penal. auto archivo balsa jenny – Documentos – laverdad.es

https://www.yumpu.com/es/document/view/36974674/100730-sala-civil-y-penal-auto-archivo-balsa-jenny-laverdades

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