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Región de Murcia

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20 septiembre, 2017

El Fiscal Investiga a 30 Empresas por Contaminar el Mar Menor


mar menor

“Díaz Manzanera recaba más datos sobre mercantiles y estudia querellarse contra la Consejería y la CHS”

Mar Menor | Contaminación | La Verdad | La denuncia que la Fiscalía Especial de Urbanismo y Medio Ambiente de la Región de Murcia prepara por la contaminación del Mar Menor por aguas salobres y con restos químicos procedentes de los campos de cultivo de la comarca de Cartagena ha permitido ya poner el foco en la actividad de al menos una treintena de empresas agrícolas, según informa La Verdad. El uso ilegal de desalobradoras, la extracción de aguas de pozos sin permiso y el vertido de las aguas de rechazo a distintos cauces naturales y artificiales, como ramblas y la red de salmueroductos del Ministerio de Medio Ambiente, está siendo objeto de un minucioso análisis por parte del Ministerio Público, que en las últimas semanas ha ampliado sus pesquisas con el objetivo de darles el empujón final en el plazo aproximado de un mes.

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A través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, y de otros cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, el aún fiscal especial de Urbanismo y Medio Ambiente, y fiscal jefe electo, José Luis Díaz Manzanera, ha solicitado nuevas pruebas y la obtención de distinta documentación en organismos y registros oficiales.

Entre otras cuestiones, se indaga si, ante los problemas de disponibilidad de agua por la sequía y por otros factores (como las restricciones en los desembalses del Trasvase y de la producción de la desaladora de Escombreras), agricultores y grandes empresas se habrían dedicado a extraer de manera ilegal agua del subsuelo y, previa desalación y en ocasiones mezcla con agua de otra procedencia, devolver luego la salmuera a esos mismo sondeos.

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En otros casos, los productores han optado por verter la salmuera en balsas, una fórmula provisional mientras se ponen en marcha humedales artificiales (filtros verdes) y sistemas de evacuación al Mediterráneo. Este mecanismo fue planteado a la Confederación Hidrográfica por las comunidades de regantes y los sindicatos agrarios, quienes apostaron por seguir el criterio de empresas acreditadas en la gestión de residuos.

El Ministerio Público ha hecho acopio de abundante material y estudia incluir en su escrito de acusación, con indicios de criminalidad, a distintas instituciones públicas. Se trata de aclarar su posible responsabilidad penal, por acción y/o por omisión, al faltar a sus obligaciones de prevención, control y sanción en materia ambiental y de salud pública.

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-UPCT, Investigación Mar Menor-

Protección de la salud

Sobre esto último, se revisan denuncias sobre la posible presencia de algas tóxicas en nueve playas el verano pasado y el cierre temporal de zonas de baños por el arrastre de materiales agrícolas y urbanos con motivo de lluvias torrenciales, tras la alteración de terrenos para cultivar.

En este último caso, diecisiete empresas están ya formalmente investigadas (antes imputadas) por presunto delito ambiental, en una causa que lleva el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena. Precisamente, en el marco de estas investigaciones, impulsadas también por la Fiscalía a instancias de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y su Comarca, hoy están citados a declarar los representantes de tres mercantiles.

Entre tanto, en la investigación general sobre la contaminación del Mar Menor la Fiscalía ha ido recopilando los datos catastrales de los propietarios y arrendatarios de tierras destinadas a cultivos intensivos y explotaciones, asociados en algunos casos a las comunidades de regantes del Campo de Cartagena y de Arco Sur; el listado de clientes de empresas encargadas de instalar plantas desalobradoras en los últimos años; y el listado de desalinizadoras autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Analíticas e informes

El año pasado, el fiscal envió varias veces a la Benemérita a tomar distintas muestras de los vertidos a través de la desembocadura de la rambla del Albujón, e incluso llegó a sobrevolar la laguna para constatar los efectos de la contaminación.

Las analíticas realizadas a partir de esas tomas de muestras, así como los resultados de otros informes efectuados a lo largo del tiempo por la Comisaría de Aguas de la CHS y por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, forman parte también del voluminoso expediente manejado por Díaz Manzanera.

Este también dispone de distinta documentación sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el año 2009 para evitar los vertidos, por ejemplo a través de la denegación de licencias y la apertura de expedientes sancionadores; al igual que las actuaciones realizadas y previstas para acabar con la contaminación.

mar menor contaminado

-Vista aérea Mar Menor- 

En el caso de la Consejería, la Fiscalía examina el retraso en la aplicación desde el año 2001 de la normativa de la UE relativa a la declaración del Campo de Cartagena, incluidos los acuíferos subterráneos, como zona vulnerable por contaminación por nitratos. En cuanto a la Confederación, el Ministerio Público ha puesto la lupa en la relación de pozos y sondeos, con la identificación de sus titulares y explotadores, junto con la situación de legalidad o ilegalidad; en el número de plantas desalinizadoras y su ubicación; y en las analíticas realizadas y las actuaciones de sellado de sondeos y de precinto de desalobradoras. Asimismo, también revisa los expedientes sancionadores por vertidos a la rambla.

La Verdad

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